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TRIBUNA

La legítima, ¿cara o cruz?

viernes 24 de febrero de 2017, 21:13h

En los últimos tiempos se han elevado los decibelios de las voces que, desde distintos sectores, han abogado por la supresión en el Derecho Común español del régimen de las legítimas sucesorias. Así, se viene argumentando que el establecimiento en el Código Civil de una serie de herederos “forzosos” a los que necesariamente ha de ir a parar una parte sustancial del caudal hereditario no responde a la realidad actual, apareciendo en su día la legítima como un corolario de una estructura económica y afectiva, la familiar, superada por los nuevos tiempos. En esta línea se enmarcarían las reformas operadas recientemente en algunos derechos civiles especiales o forales de nuestro país por las que o se ha atenuado el efecto de la figura referida o, simplemente, se ha suprimido (casos de Galicia o País Vasco).

Partiendo del necesario reconocimiento de que, como no podía ser de otra forma, las circunstancias sociales circundantes a la aprobación de nuestro Código Civil (las de 1889) han evolucionado considerablemente, no obstante, la pura y simple supresión de la institución legitimaria plantea dudas jurídicas y de orden social o práctico que, cuanto menos, aconsejan una reflexión previa en profundidad de las implicaciones de tal medida.

En primer término, ha de comenzar subrayándose que la legítima no es (como parecería al leer determinadas opiniones) una institución impuesta por alienígenas o un producto más de la arcaizante realidad hispana reacia secularmente a subirse al tren del progreso. Así, hay que recordar que la legítima se reconoce, con mayor o menor intensidad que en el caso español, en la gran mayoría de ordenamientos jurídicos del continente europeo (entre ellos, el noruego o el francés). Frente a ello, el principio de la libertad absoluta de testar es propio de los ordenamientos anglosajones, particularmente de Reino Unido y de Estados Unidos (en este caso del de sus diferentes Estados). Con todo, incluso en relación con el último supuesto mencionado, en la práctica, por mor de la amplia aplicación por los Tribunales de la doctrina de “la influencia indebida”, son muchos los casos en los que de hecho viene a regir una suerte (atemperada, eso sí) de legítima.

En nuestro país se ha llegado a señalar por los defensores de la erradicación de la legítima que el derecho a testar de manera completamente libre derivaría del derecho al libre desarrollo de la personalidad, consagrado en el artículo 10.2 de la Constitución española, proclamado el mismo, nada más ni nada menos, “fundamento del orden político y la paz social”. A ello se añadiría la consagración por el artículo 33 de la Norma Fundamental del derecho a la herencia sin restricción o condicionamiento alguno. Con todo, dicho argumento no puede ser acogido sin más, y ello por cuanto que es posible defender, al menos desde el punto de vista teórico, que la legítima forma parte de la función social que el derecho a testar, y la propiedad en general, deben cumplir en nuestro ordenamiento, en virtud de lo establecido por el propio artículo 33 CE. Esto último podría llevar por tanto a afirmar que la institución legitimaria formaría parte del propio contenido del derecho a la herencia reconocido constitucionalmente y que su supresión no podría hacerse por una mera reforma del Código Civil. De hecho ésta ha sido la posición mantenida por el Tribunal Constitucional alemán en relación con la regulación de la legítima en dicho país. No obstante, debe admitirse que una interpretación tal chocaría en España con la regulación de determinados derechos civiles forales o especiales en donde la legítima es desconocida (incluso ya antes de las reformas mencionadas). En cualquier caso, con lo acabado de referir se pretende evidenciar que existen otros importantes campos de atención constitucional (singularmente la protección a la familia) que impiden aceptar sin más que lo “constitucional” sea precisamente la libertad absoluta de testar.

Lo acabado de referir se pone más aún de relieve si se tiene en cuenta el hecho de que habría una cierta incoherencia entre la libertad absoluta de testar y determinadas restricciones ya presentes en el propio Código Civil o, por lo que aquí nos interesa, las derivadas de la denominada eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Así, sería de dudosa constitucionalidad aquella disposición testamentaria que sometiera la institución de heredero a la condición de que éste nunca se casase con alguien perteneciente a un determinado partido político o a determinada etnia. Mayor complejidad se plantearía con aquellas cláusulas en las que la condición fuera tener o no tener descendencia. Con lo señalado se quiere poner de manifiesto que en este tema (de hecho, no se antoja uno en que no sea así), sea cual fuere la solución a la que se llegue, ha de seguirse una línea coherente, sin que quepan, nunca mejor dicho, soluciones “a beneficio de inventario”. Admitidas restricciones a la libertad de testar como las señaladas, no parecen en principio rechazables de plano limitaciones como la que supone la legítima.

El reconocimiento de los lazos familiares como limitaciones a la libertad absoluta de testar, o mejor dicho, como conformador del propio contenido del derecho a la herencia, no es algo caprichoso o arbitrario, enmarcándose en el propio reconocimiento de la realidad familiar realizado por el constituyente de 1978, que llega a proclamar la “protección social, económica y jurídica” que respecto de la misma han de asegurar los poderes públicos (art. 39 CE), a lo que habría que añadir la mención a las “obligaciones familiares” respecto a la tercera edad (art. 50 CE). Así, pues, la estructura familiar no es ni mucho menos ajena para la Norma fundante del ordenamiento jurídico español, lo cual explicaría, por otra parte, el hecho de que en la regulación del tipo del Impuesto de Sucesiones y Donaciones éste sea sensiblemente inferior en las herencias en favor de hijos, por ejemplo, que de un vecino.

Hasta aquí los argumentos jurídico-constitucionales. Pero, incluso en mayor grado que los anteriores, son argumentos de tipo práctico y sociológico los que en principio aconsejarían repensar mucho cualquier cambio que condujera a la supresión de la legítima. Por lo que respecta a las primeras, suele señalarse por los preconizadores de suprimir la misma que precisamente su eliminación haría que los hijos se esforzasen por atender a sus padres, castigándose por tanto los supuestos (no infrecuentes en nuestros días) de desatención o abandono. Siendo atendible dicho argumento, sin embargo los riesgos son muy elevados. Así, es muy posible que en los supuestos “patológicos” (precisamente los que hoy llevan a abogar por la supresión de la institución legitimaria) se abriese una lucha encarnizada entre los hijos por ganarse el favor de los padres y “llevarse todo el premio”. Más aún, no es descartable que surgiesen “agencias especializadas” en ganarse la voluntad de los testadores en perjuicio de los familiares. Esto último enlaza con la cuestión de la necesaria protección del testador vulnerable, siendo ciertamente mucho el margen de mejora que el ordenamiento puede recorrer en este aspecto. Por otra parte, desde el punto de vista sociológico no cabe ignorar que, por mucho que la sociedad española haya podido cambiar en los últimos años, la estructura familiar sigue siendo en la mayoría de casos un pilar básico de nuestra sociedad, como de hecho la crisis económica se ha encargado de poner de manifiesto recientemente. En nuestro país, a diferencia de lo que ocurre con otras sociedades en las que la legítima es desconocida, como es el caso de Estados Unidos, son muy excepcionales los casos en los que hijos que llevan años sin ver a sus padres acuden a su funeral o, por decirlo de otro modo, en España las familias suelen reunirse más de una vez al año por Acción de Gracias (o Navidad en nuestro caso).

Lo afirmado hasta el momento no es incompatible con reconocer que bien pudiera ser conveniente revisar determinados aspectos de la institución legitimaria. Propuestas como la de reducir la misma, suprimirla en determinados casos cuando recae sobre los ascendientes, mejorar el régimen del cónyuge viudo, y sobre todo, flexibilizar la aplicación de las causas de desheredación, en particular en los supuestos de desatención o abandono, han de ser consideradas como posibles, e incluso necesarias, estaciones de llegada, de aggiornamento, que no supresión, de un instituto inserto con profundas raíces en la realidad española.

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