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TRIBUNA

Tempestad sobre Washington

lunes 13 de marzo de 2017, 20:11h

El próximo 20 de marzo dará comienzo en Estados Unidos la que algunos han calificado (quizás con algo de exageración) como la madre de todas las batallas (políticas). Ese día se inicia la tramitación parlamentaria de la confirmación por el Senado del candidato nominado por el Presidente Trump a la Corte Suprema, Neil Gorsuch.

Como es conocido, la Constitución estadounidense de 1787 establece en su artículo II, sección segunda, cláusula 2ª, que el Presidente nombrará, con el consejo y consentimiento del Senado (advice and consent), a los magistrados del Tribunal Supremo (y a otros cargos públicos federales). La intervención senatorial es una muestra más de la denominada interdependencia por coordinación, de tal manera que, frente a lo que suele creerse, la rígida separación de poderes es superada mediante la participación cruzada en las típicas funciones de otros órganos, y, por tanto, el necesario entendimiento entre las diversas ramas del gobierno (“branches of government”, entendido éste en sentido amplio). Así, por paradójico que pudiera parecer en un principio, en el sistema presidencialista norteamericano, en el que no existe un control Congreso-Gobierno como el establecido en los sistemas parlamentarios (con moción de censura, comparecencias o preguntas, por ejemplo), por mor de dicha interdependencia (y en sentido inverso, en estos últimos de la dinámica del Estado de partidos), el control es más intenso que en los sistemas parlamentarios.

La competencia senatorial del advice and consent no ha estado exenta de cierta controversia (por ejemplo, en su aplicación a los candidatos a miembros del ejecutivo o en los nombramientos en períodos de recesos parlamentarios), habiendo evolucionado con el tiempo hasta llegar a su configuración actual. En este sentido, y por lo que a los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo respecta, si bien la potestad senatorial se ejerció ya desde un primer momento, la práctica de las exhaustivas comparecencias o hearings de los candidatos es mucho más reciente. La misma se inició en 1925 con la audiencia del Harlan Fiske Stone (de hecho, a propuesta del mencionado candidato ante las acusaciones de oscuros vínculos con Wall Street), produciéndose la segunda catorce años más tarde (Frankfuter). La praxis no se afianzó sino hasta 1955 con la comparecencia de Mashall Harlan II. Desde entonces todos los nominados han de pasar por la Comisión Judicial del Senado en donde son sometidos a una revisión, en la mayoría de ocasiones implacable, de su cursus honorum, puntos de vista jurídicos y políticos e incluso de su comportamiento privado (sin plazo de prescripción). En relación con ello, los interrogatorios (porque así deben ser calificados) y las respuestas dan una imagen muy fidedigna de lo que cabe esperar a priori del candidato, lo que explica, por otra parte, el muy bajo porcentaje de recusaciones que respecto de sus magistrados se admite en los casos ventilados ante la Corte Suprema. Una vez pasado el filtro de la Comisión, la candidatura es votada en el Pleno del Senado.

Ha de recordarse que históricamente el Senado ha utilizado su poder con mesura, especialmente por lo que se refiere a los candidatos a la más alta magistratura judicial de la Nación. Así, desde George Washington han sido 162 los oficialmente nominados (incluidos los propuestos al cargo de Presidente del Tribunal), de los que han sido confirmados 124 (siete de ellos declinaron posteriormente el nombramiento). De hecho sólo en 12 ocasiones el voto expreso del Senado produjo el rechazo de la candidatura en cuestión. En los casos restantes se produjo la retirada de la correspondiente candidatura, en la mayoría de supuestos ante la previsible falta de apoyos suficientes (el caso más reciente fue el de la magistrada Harriet Miers, propuesta por Bush “hijo”). Ha de destacarse que el último candidato en ser rechazado expresamente por el Senado (42-58) fue Robert Bork (recientemente fallecido), propuesto por el presidente Reagan en 1987. Con anterioridad, hay que remontarse a 1969 y 1970, respectivamente, para ubicar otros rechazos de confirmaciones.

Si bien las nominaciones fallidas no han sido muy elevadas, el trámite en el Senado se ha ido endureciendo con el paso de los años. Así, de las cinco horas iniciales que duró el hearing de Harlan Fiske Stone se ha pasado a una media de 25 horas en el caso de los candidatos más controvertidos (el record lo ostenta Bork con 30 horas de interrogatorios). En total, el promedio de tramitación en la Cámara Alta de todo el proceso (votación plenaria incluida) se ha elevado en los últimos años a 70 días. Ello ha sido señalado como una muestra más de la creciente polarización y “recrudecimiento” del enfrentamiento político detectado desde los años ochenta en Washington D.C. y, en general, en todo el país.

Así las cosas el procedimiento que se inicia en pocos días promete ser apasionante, con visos de contener buenas dosis de thriller político. Cabe recordar que la “trama” se inició con el inesperado fallecimiento del adalid del conservadurismo imperante en el Tribunal desde hace tres décadas, el inefable y eminente jurista Antonin Scalia, en febrero del pasado año. La propuesta del juez Garland por el Presidente Obama contó desde el primer momento con la férrea oposición republicana, sustentada en el argumento de que en el último año de un mandato presidencial la costumbre es esperar a la nueva administración salida de las elecciones para realizar el nombramiento. No contando con el apoyo de la mayoría del Senado, desde la Casa Blanca no se impulsó la tramitación de la confirmación. Una vez que tomó posesión el nuevo Presidente, a finales de enero, se hizo pública la candidatura de Neil Gorsuch. Ayudante en su día del Justice Anthony Kennedy (de perfil moderado), su valía jurídica no es discutida. Con todo, los demócratas han señalado que el perfil excesivamente conservador (se le ha calificado de “Scalia 2.0”) y algunos de sus pasados posicionamientos (en relación con los derechos de las mujeres o la acción sindical) le hacen inidóneo como candidato.

Así, pues, se avecina una dura oposición en Capitol Hill, tal y como se ha evidenciado ya con la actitud de la minoría en los procesos de confirmación de los miembros del gabinete de Trump. El partido del elefante no tiene la mayoría en el Senado, pero dispone del inestimable arma del filibusterismo u obstrucción, ya que ante el mismo el debate sólo se cerraría (y se pasaría a la votación) si los republicanos reuniesen 60 votos (contando con 52 escaños en la actualidad). Ha de recordarse que la última reforma de las Rules del Senado en 2013 estableció una rebaja de la mayoría citada (hasta 51) en relación con las nominaciones de cargos públicos, pero mantuvo como excepción el supuesto de las nominaciones los magistrados del Tribunal Supremo. Ante la postura demócrata, los republicanos han amenazado con cambiar las Rules por mayoría simple (es dudoso o cuando menos controvertido desde el punto de vista constitucional y político), haciendo uso de la denominada opción nuclear. Con todo, debe tenerse en cuenta que si bien otros nombramientos judiciales han sido “filibustereados” en el pasado, no ha sido así en el caso de los magistrados del Tribunal Supremo (con la única salvedad de la propuesta de Abe Fortas como Presidente de la Corte en 1968, obstruida con éxito).

El Tribunal Supremo desempeña un papel capital en el funcionamiento de la democracia norteamericana. Sus decisiones son de una trascendencia difícil de exagerar. Actualmente, tras la vacante de Scalia, la correlación de fuerzas (si es que pude hablarse de una tal en un órgano que se ha descrito como “nueve alacranes en una botella”) es de cuatro magistrados conservadores frente a tres progresistas, y uno (Kennedy), de perfil moderado, que oscila entre una y otra posición dependiendo del caso. Por ello, la nominación de Gorsuch se inscribe en el propósito de dar un paso más en el afianzamiento de los primeros. Con todo, debe tenerse muy presente que en la mayoría de casos decididos por la Corte las decisiones no se toman por 5 a 4, siendo mucho más frecuente la unanimidad o las mayorías amplias, a lo que hay que unir el dato de que las adscripciones apriorísticas suelen fallar en muchas ocasiones (recuérdese a Warren, nominado por Eisenhower, en una decisión que posteriormente éste calificaría como el mayor error de su presidencia). Si en las próximas semanas es probable que se desate una auténtica “tempestad sobre Washington” (por rememorar el título del film de Preminger en donde se ilustra magníficamente un proceso de nominación, en este caso de un miembro del ejecutivo), después, invariablemente, habrá de llegar la calma. Y en la soledad de sus despachos nueve hombres y mujeres podrán proseguir su labor de hacer avanzar la Historia.

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