elimparcial.cibeles.net
ic_facebookic_twitteric_google

TRIBUNA

Disolución de Westminster, del homicidio al suicidio asistido

sábado 06 de mayo de 2017, 19:08h

El pasado 19 de abril la Cámara de los Comunes aprobó su disolución, acortándose en casi tres años su vida natural.

Desde un punto de vista jurídico, la pasada disolución ha supuesto un auténtico hito en la historia constitucional británica. Así, se ha activado por vez primera el mecanismo introducido en dicho país por el artículo 2.1.b de la Fix- term Parliaments Act de 2011. Una característica tradicional de la forma parlamentaria de gabinete, típica del Reino Unido, ha sido la atribución en exclusiva de la facultad de disolver el Parlamento, y más en concreto la Cámara de los Comunes, al Primer Ministro, quien la proponía al Rey. De este modo, la doctrina clásica en la materia (Bagehot Loewenstein, Duverger…) pudo señalar que un rasgo ínsito a dicha forma de gobierno es el equilibrio entre ejecutivo y legislativo, equilibrio asegurado por la posesión por cada uno de ellos de un “arma” frente al otro, respectivamente, la disolución y la exigencia de responsabilidad política (moción de censura y/o negación de la confianza).

Ello explica que la disolución fuera utilizada, y aún hoy en épocas recientes, como instrumento del Gobierno para, ante posibles conflictos con un Parlamento díscolo, someter la decisión del mismo al juicio del electorado, si bien, en los últimos tiempos, la eficacia de la disolución se ha centrado más en su carácter disuasorio, una amenaza siempre presente para refrenar impulsos excesivos de un Parlamento eventualmente enfrentado al Gobierno. Por otro lado, no han faltado supuestos (y en buena parte la última ha respondido a ello) en los que la disolución simplemente ha buscado aumentar la ventaja en escaños del partido mayoritario que sustenta al Gobierno, ante coyunturas especialmente beneficiosas para el ejecutivo de turno.

Lo que hace la reciente disolución sustancialmente novedosa es que la misma, en términos formales, ha sido una autodisolución de los Comunes. Ello, como se ha señalado, en aplicación de la Ley de 2011 que supuso, ciertamente, una auténtica mutación del régimen político británico. El origen de la misma tiene (como la mayoría de cuestiones en el ágora pública) una explicación política, ya que se trató de una concesión del ex premier Cameron a sus socios de gabinete, los liberales-demócratas, tras las elecciones de 2010. Estos últimos exigían tener la seguridad de que el gobierno de coalición recién formado iba a llegar a su término natural (cinco años) no quedando su supervivencia a expensas de que Cameron pudiera poner fin anticipado al mismo en un momento particularmente propicio a sus intereses, persiguiendo una elección que le permitiera desprenderse de sus socios de gobierno (si bien el primer objetivo se alcanzó, las elecciones de 2015 permitieron a los conservadores aumentar su ventaja y no contar con sus antiguos socios, quienes, además, cosecharon unos resultados muy desfavorables).

Como se ha indicado, si hasta 2011 la disolución era discrecional del Primer Ministro, a partir de la misma son las Cámaras las que acuerdan su propia disolución por mayoría de 2/3. Junto a esta vía, la Ley de 2011 prevé otra posibilidad de disolución, en este caso semiautomática. Así, si el gobierno pierde una votación de confianza, se producirá la disolución de los Comunes salvo que en el plazo de 14 días los mismos otorguen expresamente su confianza a un gobierno alternativo. Por lo tanto, también en esta segunda opción nos encontramos ante una disolución que sale de la competencia del ejecutivo para anclarse en la autonomía de la voluntad parlamentaria. La nueva regulación de la disolución parlamentaria, junto con el dogma imperante en las islas de la soberanía del Parlamento, de cuyos efectos hemos tenido reciente evidencia a propósito de la activación (parlamentaria) del mecanismo del Brexit, hace que desde algunos sectores académicos se haya hablado de deslizamiento hacia el régimen de asamblea de un sistema considerado clásicamente como arquetipo de la forma de gobierno parlamentaria. Los efectos de lo apuntado aún no se han revelado en toda su dimensión, toda vez que en el supuesto acabado de producir no ha existido conflicto entre el Parlamento y el Gobierno, a lo que se une que en el momento político actual a la oposición le ha sido prácticamente imposible negarse a la misma, pero no cabe descartar que en otras coyunturas la pérdida de margen de maniobra del ejecutivo, por mor de la Ley referida, tenga importantes consecuencias político-constitucionales.

Anunciada el pasado 17 de abril por el Gabinete su intención de presentar, a través del líder en los Comunes, una moción de disolución del Parlamento (si bien, stricto sensu, en virtud de lo dispuesto en el Act indicada, la moción propugnaba que “debe celebrarse una elección general anticipada”, no empleando el término “disolución”), la votación en Westminster tuvo lugar dos días más tarde con un resultado abrumador en favor de la disolución (522 votos frente a 13 en contra, superándose ampliamente los 2/3 de los 650 miembros requeridos). El 25 de abril el Gobierno presentó a su Majestad la “royal proclamation” convocando elecciones (la determinación de la fecha sí es prerrogativa del ejecutivo) para el próximo 8 de junio. La disolución se ha producido técnicamente hace breves fechas, el 3 de mayo, cabiendo recordar que en el sistema británico, producida la convocatoria de elecciones, el Parlamento sigue funcionando hasta 25 días laborables antes de la elección (así, pues, a diferencia de lo que sucede en España, disolución y convocatoria no se producen simultáneamente), plazo que, por otra parte, contrasta por su brevedad con los 54 días establecidos en la legislación española (lo mismo podría decirse respecto al plazo máximo de 25 días, frente al británico de 12, establecido en nuestro país entre elección y sesión constitutiva del Parlamento)

Hasta aquí por lo que respecta a las consideraciones jurídico-constitucionales estrictamente formales. Por lo que concierne a la perspectiva material, ha de señalarse que la disolución recién producida bien puede calificarse como impecable. Así, en la teoría británica tradicional siempre se ha afirmado que la disolución era obligada (o al menos recomendada) cuando se produjeran hechos o circunstancias nuevas que no hubieran sido objeto de debate o contempladas en el programa electoral con el que concurriera el partido ganador en las anteriores elecciones. Tal cosa ha sucedido ahora, en relación con el Brexit. Ciertamente, dicha cuestión se había insertado en el programa de los tories en 2015, pero, precisamente, en un sentido distinto, si no opuesto, al perseguido en estos momentos. Se trataría, por tanto, de una suerte de aplicación al ámbito político de la célebre cláusula rebus sic stantibus acuñada en el marco de la teoría general de los contratos (las partes están obligadas a cumplir los contratos en los términos firmados, si bien puede haber un reequilibrio si las circunstancias objetivas que presidieron su celebración han cambiado radicalmente). Como es fácil adivinar, tales “circunstancias” no son otras que el resultado del referéndum sobre el Brexit y las consecuencias del mismo. En este sentido, si bien la convocatoria del referéndum figuraba en el programa tory presentado a las elecciones de 2015, la posición del gabinete ha variado sustancialmente a resultas de aquél, transitando del “remain” al “leave” en acatamiento de la voluntad popular. Por si ello fuera poco, el referéndum tuvo como otro efecto la dimisión del entonces premier, por lo que la actual ocupante del 10 de Downing Street buscará igualmente su legitimación en las urnas. A lo señalado debe añadirse que la salida británica de la Unión Europea no es precisamente una operación de poco calado, habiendo suscitado una relevante contestación popular y mediática (no tanto política, dada la postura de la mayoría del laborismo), llegándose incluso a reivindicar la necesidad de una segunda consulta. Por todo ello, la próxima elección supone la posibilidad (al menos teórica) de que el pueblo, otorgando su confianza a una fuerza política contraria al Brexit, pudiera revertir la decisión adoptada (otra cuestión es lo efectos que tendría tal viraje en relación con la ya producida activación del artículo 50 del TUE).

Con la convocatoria de elecciones el gobierno conservador persigue renovar el contrato (el trust, en sentido estricto) con la mayoría del electorado, sobre unas bases distintas a las establecidas en 2015. No cabe desconocer que en ello influye de manera importante la actual situación del primer partido de la oposición, con unas expectativas electorales en mínimos históricos, lo que viene acompañado en estos momentos por los elevados índices de popularidad cosechados por Theresa May. Con todo, si bien esta elección bien podría considerarse una “elección caqui” (llamada así por la disolución del Parlamento en 1900 por Lord Salisbury aprovechando la euforia tras diversas victorias en la guerra contra los Boers), las disoluciones “las carga el diablo” (recuérdese, por ejemplo, lo sucedido en Francia en 1997 con la victoria socialista contra pronóstico tras la disolución por Chirac). No parece que este vaya a ser el caso, máxime teniendo en cuenta el resultado de las recientes elecciones locales; no obstante, el interés se mantendrá hasta el último minuto para comprobar el apoyo real de los británicos a la posición mantenida hasta ahora por el Gobierno, las posibilidades futuras de unos laboristas en sus horas más bajas, la resurrección o entierro definitivo de los liberal-demócratas, y, especialmente, el voto en Escocia y los apoyos recabados por el partido Nacionalista Escocés, deseoso de la revancha respecto del referéndum de 2014.

En pocos días se repetirá un rito sagrado desde hace más de dos centurias. Los Miembros del Parlamento volverán a sus circunscripciones para pedir el voto de los electores al partido-programa que ha de guiar a Britania sobre las olas de nuestros actuales días de transformación vertiginosa y, también, de incertidumbre. Como antes que ellos hicieran tantos otros (Burke, Pitt, Wilberforce, Peel, Gladstone, Disraeli, Ramsay McDonald, Churchill, Atlee, Heath, Wilson…), el candidato mirará al elector a los ojos (en Reino Unido todavía puede hablarse, en cierto modo, de ello, gracias al tamaño de las circunscripciones y al sistema electoral) y apelará a lo más hondo de sus convicciones. Mucho ha cambiado desde entonces, aunque, en el fondo, no tanto.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (3)    No(0)


Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de El Imparcial

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.

La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales.

Tu dirección de email no será publicada.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.