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TRIBUNA

Fiscal especial, el momento de la verdad

lunes 22 de mayo de 2017, 20:14h

El nombramiento la pasada semana de Robert Mueller (ex director del FBI) para investigar los posibles delitos cometidos por el Presidente Trump y su equipo en relación con una eventual intromisión rusa en la última campaña presidencial ha puesto el foco de atención en una figura, la del special counsel (o fiscal especial), llamada a cobrar en los próximos meses una particular relevancia en el destino político de la principal potencia mundial.

La designación de un fiscal especial se prevé en el ordenamiento estadounidense ante supuestos delitos cometidos por el Presidente federal o algún miembro de su Gabinete, con el fin de evitar el conflicto de intereses que se produciría si un fiscal ordinario, sometido a la autoridad del Attorney General (Ministro de Justicia y Fiscal General) y, por ende, del propio Presidente, fuera el encargado de la investigación. Para ello se nombra a una persona no incardinada en el poder ejecutivo para conducir las pertinentes investigaciones.

El cargo de special counsel (denominado en otros tiempos special prosecutor o independent counsel) cuenta con un sólido arraigo en Estados Unidos. Surgido en el ámbito de los Estados (hoy existe también en el municipal), el primer fiscal especial federal fue John B. Henderson, nombrado en 1875 por el Presidente Grant para investigar el escándalo del Whiskey Ring, un entramado de defraudación de los impuestos sobre tal bebida que involucraba a diversos políticos, entre ellos al secretario privado del Presidente. Posteriormente se sucederían otros nombramientos bajo los mandatos de Garfield (en 1881, en relación con el escándalo de la Star Route), Theodore Roosevelt (en 1903, para investigar cohechos en el Departamento Postal, y en 1905, en relación con el escándalo del fraude en terrenos de Oregón), Coolidge (en 1924, a propósito del escándalo del Teapot Dome) y Truman (en 1952, respecto a determinadas actuaciones del Departamento de Impuestos). Con todo, la entrada de la figura en los libros de Historia se produce, como es conocido, a raíz del escándalo del Watergate, en el que la actuación de los sucesivos fiscales especiales sería determinante en el inicio de un procedimiento de impeachment que daría lugar a la traumática dimisión de Richard Nixon. Veinte años más tarde otra actuación de dos fiscales especiales (primero Fiske y después Starr) llevaría al borde del precipicio al entonces ocupante de la Casa Blanca, Bill Clinton.

Un dato que puede llamar la atención a una mentalidad continental es que la designación del Fiscal Especial se realice por el ejecutivo. Así, si en los primeros momentos era el propio Presidente el que efectuaba la misma, posteriormente (y este es el sistema actual) se pasaría a su designación por el Attorney General. En el caso de Mueller su designación se ha realizado por el Deputy Attorney General(segundo en rango) como consecuencia de la abstención de Jeff Sessions (por considerar éste que la apariencia de imparcialidad podía ser puesta en cuestión por su pertenencia al equipo electoral de Trump). En el pasado no han faltado casos en los que la designación ha sido consecuencia obligada de una resolución del Legislativo, debiendo contar el nombre propuesto por el Presidente con el consentimiento (confirmación) del Senado, como sucediera con la designación de dos fiscales especiales en relación con el escándalo del Teapot Dome. En otras ocasiones el Congreso ha ejercido presión de modo informal, pero igualmente efectivo, como ocurriera en el Watergate (durante el que los senadores consiguieron arrancar del Attorney General el compromiso de designar un special prosecutor). Asimismo, debe recordarse que bajo el amparo de la Ley de Ética en el Gobierno de 1978 y hasta 1999 la designación de los fiscales especiales se realizó por un panel de tres jueces. Por otra parte, ha de subrayarse que los nombramientos han recaído por lo general en juristas de reconocido prestigio, si bien en ocasiones se ha nombrado a políticos con formación jurídica.

Por lo que respecta a los poderes o facultades de los fiscales especiales, estos son normalmente muy amplios, incluido el clásico send for persons and papers para su presentación ante un Gran Jurado, pudiendo formular ellos mismos la acusación. Su cometido, normalmente acotado en el tiempo, finaliza con la presentación al Fiscal General de un informe sobre el resultado de sus investigaciones, informe que puede dar lugar a los procedimientos penales pertinentes. Si bien su nombramiento tiene por objeto, como se ha señalado, el evitar influencias indebidas de los miembros superiores del ejecutivo, sin embargo su autonomía no es plena, ya que el responsable de Justicia puede requerirle información que justifique cualquiera de sus decisiones.

La ausencia de completa autonomía tiene como más estridente manifestación la posibilidad de su cese por el ejecutivo. Así, la propia índole de la labor del special counsel hace que no hayan sido infrecuentes las tensiones, cuando no abiertos conflictos, con los presidentes o gobiernos investigados, algunos de los cuales han terminado con la remoción del fiscal especial por el Fiscal general por orden del Presidente. Tal cosa sucedió con el primer fiscal especial, destituido por Grant debido a las críticas a su gestión vertidas ante el Gran Jurado por aquél. Webold Morris, special prosecutor nombrado por Truman, fue destituido por el Fiscal General ante el exhaustivo cuestionario al que por orden de aquél se hizo responder a todos los directivos públicos (el Presidente, en desacuerdo con el cese, destituyó a su vez al Fiscal General). Sin duda, el caso más célebre es la denominada “Masacre de sábado noche” (20 de octubre de 1973) al hilo del Watergate. Nixon, abiertamente enfrentado al fiscal especial Archibald Cox, quien había reclamado las cintas del despacho oval, destituyó tanto al Fiscal General como a su segundo ante las negativas sucesivas de éstos a cesar a Cox, lo que únicamente consiguió con el nuevo Fiscal General, el previamente solicitor general (nº 3 del Ministerio), Robert Bork (no obstante, el nuevo fiscal especial, Jaworski, no disminuyó el celo de su predecesor). Si bien entre 1978 y 1999 el cese pasó a ser competencia de los tres jueces del panel designante, desde el último año referido, y ante la ausencia de un marco expreso con rango legal, se entiende que el Fiscal General puede cesar al especial. Con todo las, directrices internas de la Fiscalía (aprobadas por la Fiscal General Reno en 1999) señalan que únicamente procedería el cese en caso de incapacidad o incumplimiento de los deberes del cargo (aunque este último inciso se presta a amplias interpretaciones).

Por todo lo señalado, no es de extrañar que el cargo de fiscal especial haya estado y esté, aun hoy en día, sujeto a controversia. Como principal argumento en su favor se encuentra el dato de que en principio asegura adecuadamente la imparcialidad y neutralidad políticas de una investigación, o al menos en mayor grado, en apariencia (lo que en la mentalidad estadounidense también es sustantivo), que la sometida a las instrucciones del Ministro de Justicia. Entre los críticos con la figura se suelen evocar los episodios o arranques de divismo exhibidos por algunos de sus ocupantes en tiempos pasados, en especial, el investigador del caso Lewinsky, Kenneth Starr, a quien se acusó de exceso de partidismo y, sobre todo, de protagonismo al conducir unas pesquisas que se extendieron durante años y que costaron al contribuyente varios millones de dólares (de hecho, como reacción frente a dicha experiencia demócratas y republicanos se pusieron de acuerdo en derogar el ya referido sistema de nombramiento y cese del fiscal por un panel de tres jueces). Incluso, se ha llegado a cuestionar la constitucionalidad de la institución, por suponer un desapoderamiento, no previsto en la Norma Fundamental, de las competencias del ejecutivo, argumento rechazado en 1988 por la Corte Suprema en su sentencia Morrison contra Olson (con todo, el recientemente fallecido Antonin Scalia, autor del único voto particular frente al fallo, llegaría años más tarde a calificar dicha sentencia, debido a sus potenciales efectos perniciosos para el sistema constitucional estadounidense, como la más desgarradora a la que había “asistido”).

Si, como suele afirmarse, la política norteamericana es puro espectáculo, sin duda un impeachment presidencial es el opus magnum dentro del mismo. El que nos encontremos o no a las puertas del “acto principal” dependerá de lo que en los próximos meses averigüe quien es desde hace unos días “el hombre del momento”. Dependerá, en última instancia, de la verdad.

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