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TRIBUNA

¡Sagrado! Parlamento

lunes 31 de julio de 2017, 19:55h

Acontecimientos como los ocurridos hace pocas fechas en Venezuela, reedición de otros similares en latitudes políticas turbulentas, ponen de manifiesto la importancia de las garantías parlamentarias clásicas, y, en particular, de la denominada inviolabilidad de la sede.

Históricamente, la justificación inicial de las mismas fue proteger la autonomía de los Parlamentos frente a intromisiones ilegítimas de un monarca deseoso de interferir en el funcionamiento de un órgano que crecientemente afirmaba su voluntad de limitar el ejercicio irrestricto del poder por aquél. Por ello, no es de extrañar que su conformación casi definitiva se produjera en la Inglaterra del siglo XVII en el contexto de la pugna entre los Estuardo y un Parlamento firmemente determinado a ejercer de contrapeso frente al rey y a codirigir un país que experimentaba importantes transformaciones (económicas, sociales, religiosas, de posición internacional…). Siglo y medio más tarde la Francia revolucionaria importaría los privilegios parlamentarios británicos, ejerciendo su influencia sobre las diferentes revoluciones liberales que habrían de sucederse en el Viejo continente en el siglo XIX. Si se predica que el Parlamento es el eje del sistema constitucional, en cuanto depositario de la soberanía nacional o popular, en consonancia, la labor de los representantes del soberano debe rodearse de una serie de garantías que impidan cualquier interferencia de los otros poderes, singularmente del ejecutivo. Bien es verdad que, andado el tiempo, la pacificación progresiva del clima político en las democracias occidentales, la ausencia de tensiones entre poderes por mor de la omnipotencia de los partidos políticos, auténticos dominadores del sistema, y, sobre todo, la conformación de un poder judicial verdaderamente independiente, harán que dichas garantías permanezcan inéditas en su operatividad práctica, cuando no, en algunos casos y desde algunas tribunas, sean contempladas como vestigios inútiles del pasado.

Entre las garantías parlamentarias (entendidas estas en un sentido muy amplio, comprendiendo la denominada autonomía parlamentaria y las “prerrogativas” de sus miembros, esto es, la inviolabilidad y la inmunidad, allí donde esta última subsiste) la inviolabilidad de la sede o del recinto parlamentario figuraría como precondición necesaria para el funcionamiento adecuado de las asambleas. Cuando cada cinco años contemplamos la imagen del sargento de armas de la Cámara de los Comunes llamar a la puerta de la misma para comunicar a los parlamentarios que Su Majestad les espera en la Cámara de los Lores, ello no hace sino simbolizar la garantía de tal inviolabilidad, consagrada constitucionalmente como reacción al hecho de que en 1642 el propio Carlos I se presentara en los Comunes con su guardia para arrestar a cinco diputados díscolosante la exigencia de un impuesto real (desde entonces se prohíbe la presencia del monarca en la Cámara Baja). La cuestión no es ni mucho menos baladí, pues supone el prius para garantizar que las funciones parlamentarias se ejerzan con plena libertad, sin atisbo de la menor coacción, como sí sucediera, por ejemplo, en la célebre sesión de la Convención del 2 de junio de 1793, previa al golpe de Estado jacobino, en la que la guardia nacional (cuyos cañones apuntaban a Las Tullerías) y una multitud rodearon la Asamblea con evidente voluntad de intimidar a los diputados, en particular, a los girondinos (a los que no se permitió abandonar la misma). De ahí que en la práctica totalidad de países democráticos la inviolabilidad de la sede sea un principio esencial generalmente admitido, tipificándose el delito correspondiente en el Código Penal, si bien sólo en algunos de ellos es reconocida expresamente al máximo nivel en el texto constitucional (caso de la Constitución danesa o la española).

La garantía de la inviolabilidad no protegería únicamente contra la violencia ejercida en forma de irrupción en el recinto parlamentario (sea por un Pavía o por una turba revolucionaria), con plasmaciones más o menos recientes como el caso del ataque a la Duma rusa (1993) o a la propia asamblea venezolana en los pasados días, sino que impediría, como se ha indicado anteriormente, cualquier tipo de coacción sobre los representantes, debido, por ejemplo a concentraciones en sus inmediaciones más próximas (en particular, en sus accesos). De este modo, la Constitución española, tras declarar en su art. 66.3 a las Cortes Generales como inviolables, prohíbe (art. 77.1), por la razón indicada, la presentación directa de peticiones a las Cámaras por manifestaciones ciudadanas.

La preocupación por la seguridad del recinto parlamentario y por la ausencia de coacción en los parlamentarios hace que en numerosos países (casos, por ejemplo, de Reino Unido y Alemania) se regule mediante Ley la existencia de un espacio aledaño a las Cámaras en el que se establecen determinadas medidas de seguridad, prohibiéndose concentraciones o manifestaciones en ellas. Y tal preocupación no carece de justificación en un momento como el actual, en donde los Parlamentos son contemplados (acertadamente) como elemento simbólico atractivo para cualquiera que pretenda atentar contra el sistema democrático. El hecho es que desde un tiempo a esta parte sedes parlamentarias como las de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido (cabe recordar que ya en 1974 el IRA atentó en la explanada de Westminster), e incluso Irán, han sido objeto de diferentes ataques.

Por otra parte, la inviolabilidad aparece íntimamente conectada al hecho de que en el interior de la sede el debate político discurra sin ningún tipo de violencia o intimidación. Si la libertad es un bien supremo, ésta lo es más si cabe en el seno de la institución depositaria de la soberanía. El debate político no es tal si no es absolutamente libre. De ahí que en la generalidad de los recintos parlamentarios se prohíba portar armas, como resulta lógico. Otra derivación sería el aseguramiento de que el comportamiento del público en las tribunas no suponganingún tipo de coacción en los representantes, como sucediera en otras épocas del pasado (destacadamente, en la Francia revolucionaria o en nuestras propias Cortes de Cádiz), lo que explica que en términos generales se prohíba al mismo cualquier expresión de aprobación o desaprobación de lo que sucede en el hemiciclo (en las Comisiones, al ser más reducidas, únicamente se permite la asistencia de los medios de comunicación).

Precisamente, para garantizar el efectivo cumplimiento de la garantía señalada se encomienda a los Presidentes de las Cámaras las denominadas funciones de policía, lo que explica que los mismos sean la máxima autoridad en tal materia en el recinto parlamentario. Para ello el Presidente de la Cámara cuenta con un contingente de fuerzas de seguridad respecto del cual actúa como superior jerárquico (sin que estén sometidos a otras autoridades, singularmente del poder ejecutivo). En relación con tal contingente encargado de la protección de edificios y parlamentarios cabe reseñar que en la mayoría de ocasiones el mismo tendrá un carácter policial, destacando al respecto la denominada Policía del Capitolio, con más de 2.200 efectivos, si bien no faltan casos curiosos como el francés, en el que se trata (por tradición histórica) de un cuerpo militar.

Los edificios parlamentarios no son sólo bellas construcciones (piénsese en Westminster o en el Palais Bourbon). En ellos se realiza la más importante función socio-política de un Estado. Con todas las críticas que se quiera, en el recinto parlamentario estamos todos los ciudadanos representados, con sus diferentes e incluso antagónicas visiones de la sociedad y del mundo, con intereses distintos y opuestos… pero es el campo (manifiestamente preferible a todos los demás) en el que todos hemos decidido que se escenifiquen y se resuelvan nuestras diferencias, ya sea por la aritmética de la mayoría o, cuando ello es posible, por consenso. En el mismo ha de hacerse una delicada operación, armonizar al máximo los diferentes intereses presentes en un cuerpo social. Por ello, la asepsia ha de ser total en lo que respecta a la intromisión de agentes que puedan suponer una distorsión en el pacífico contraste de pareceres. Si,como Redlich pudo afirmar, el gobierno parlamentario supone el governmentbytalking (frente a otras alternativas), la palabra ha de ser la única protagonista. Y en el principio era el Verbo.

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