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TRIBUNA

Brexit, horror vacui

viernes 22 de septiembre de 2017, 20:31h

En la actualidad se encuentra tramitándose en la Cámara de los Comunes el European Union (Withdrawal) Bill, conocida como Ley de Derogación, por la que se pretende colmar el vacío jurídico que se derivará en su día (en principio, en marzo de 2019) de la salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea. En relación con ello bien puede afirmarse que el Brexit y, en concreto, su articulación legal constituirá una auténtica revolución jurídica por la amplitud y la complejidad de la tarea.

El proyecto de ley comentado deroga, con efectos desde el día de salida (on exit day), la European Communities Act de 1972, instrumento jurídico que articuló la incorporación del Reino Unido a las Comunidades Europeas, eliminando a su vez la competencia de las instituciones comunitarias para producir derecho aplicable en “las islas”. Con todo, para evitar lo que se ha denominado como “agujero negro jurídico”, la ley prevé que una vez producida la salida una gran parte del derecho comunitario continúe vigente en Reino Unido, si bien en adelante serán las instituciones británicas (Parlamento y Gobierno) quienes puedan modificar tales normas de origen comunitario. Para ello se introduce en el derecho británico la figura de la “retained EU law”, muy novedosa (incluido el derecho comparado) por lo que supone en cuanto a competencia, contenido, modificación y vigencia de las normas integrantes de un ordenamiento jurídico.

Ni qué decir tiene que el proceso descrito implica una transformación sustancial del Derecho Constitucional británico. Si la Ley de 1972 pasó a integrar el reducido elenco de textos escritos que, con las matizaciones que se quiera, conforman la Constitución británica (junto con la Carta Magna o el Bill of Rights, entre otros), la Ley ahora en tramitación también pasará a engrosar dicha lista, si cabe con implicaciones mayores que aquélla, siendo la norma de referencia de un proceso jurídico sin precedentes. Cabe tener presente que dicho proceso no será únicamente de desmontaje del andamiaje comunitario, sino que paralela y simultáneamente a dicho desmontaje (no cabiendo soluciones de continuidad) ha de erigirse un nuevo edificio con cimientos sólidos. La operación, por tanto, es en extremo delicada, requiriendo una auténtica cirugía de precisión a fin de evitar lagunas, incoherencias o contradicciones. La cosa se complica si se tiene en cuenta que la operación será a corazón abierto hasta el último minuto, ya que a día de hoy se está muy lejos de conocer, siquiera atisbar, la fisonomía final del nuevo edificio, lo cual dependerá del resultado de unas prolijas y arduas negociaciones recién iniciadas.

Desde el punto de vista del Derecho Constitucional y de la Teoría General del Derecho el proceso iniciado es sumamente apasionante por lo inusitado del mismo. Únicamente cabría la comparación con las sucesiones de ordenamientos como consecuencia de cambios de regímenes políticos, singularmente el pase de un sistema autocrático o totalitario a uno democrático, tal y como sucediera en Alemania e Italia, tras la IIGM, o en la España de la transición. En tales casos fue preciso sustituir prácticamente por completo un ordenamiento jurídico por otro, y ello sin merma del principio de seguridad jurídica. De ahí que en dichos países se articularan formas de evitar vacíos normativos, destacadamente, a través de la jurisprudencia de los tribunales constitucionales quienes, con el fin señalado, a través de las denominadas sentencias interpretativas o “manipuladoras” permitieron la subsistencia de determinadas normas, siempre y cuando se interpretaran o aplicaran en un determinado sentido, conforme con los nuevos preceptos o principios constitucionales. La norma británica persigue el mismo objetivo, animada por el “horror vacui”, al que los juristas (por la propia misión principal del Derecho) son/somos especialmente sensibles. No obstante, en comparación con los ejemplos señalados, en numerosos aspectos el Brexit reviste si cabe una complejidad aún mayor. Y ello por cuanto que en el mismo confluye un ordenamiento nacional con un ordenamiento internacional sui generis como es el comunitario que hasta la salida habrá gozado de primacía en el derecho interno, a lo que hay que unir que la desvinculación entre uno y otro no será presumiblemente total, en virtud de lo que se acuerde en la negociaciones. De este modo, por ejemplo, en el proyecto legislativo recién presentado a la Cámara se establece que determinadas normas comunitarias continuarán vigentes como derecho británico con su contenido fijo del día anterior a la efectividad del Brexit, pero no cabe descartar que en ciertas materias, como resultado de las negociaciones, el Reino Unido se comprometa a adaptar el contenido de dichas normas a las posibles modificaciones futuras (tras la salida) que puedan aprobarse por las instituciones comunitarias.

Así, pues, cuestiones como los reenvíos (formal y material), la retroactividad o la reviviscencia de las normas cobrarán especial importancia “el día después” para deleite de los amantes de la teoría general de las normas y para desolación o alborozo, según se mire, de los bufetes de Canary Wharf. De hecho, bien puede hablarse de la movilización por el Gobierno de un auténtico ejército de juristas en los últimos meses, enfrentados ya con las más de 12.000 normas que, se calcula, hay que “importar” o adaptar a la nueva situación.

Por lo demás la Ley de Derogación plantea otras cuestiones sujetas a mayor o menor controversia. En primer término, por lo que respecta a la propia tramitación de la Ley se ha aducido desde algunas tribunas académicas y también políticas (laboristas y liberales al frente) que en relación con la misma no regiría la denomina Convención Salisbury, en virtud de la cual todo proyecto gubernamental incluido en el manifiesto electoral del partido en el poder no puede ser obstaculizado en la Cámara de los Lores, esto es, en relación con el mismo la Cámara Alta no podría o debería hacer uso de la facultad de dilatar (hasta por un año) la aprobación definitiva de un proyecto (Parliament Act de 1949). Y ello, por cuanto que, se argumenta, la referida convención constitucional no sería aplicable al supuesto de hung parliament o, en su caso, a los gobiernos de coalición, como es el caso actual.

Por lo que se refiere al contenido de la Ley, dos son los aspectos concretos de su redacción que han suscitado más polémica. En primer lugar, la amplísima delegación que en la misma se confiere al Gobierno para modificar el ordenamiento jurídico, leyes aprobadas en Parlamento incluidas, con el fin de adaptarlas a la nueva situación. Se trata ésta de una técnica de honda tradición en Gran Bretaña cuyo origen cabe situar en 1539 cuando Westminster habilitara a Enrique VIII para adoptar cuantas medidas-normas fueran necesarias a fin de implantar en su integridad la Reforma, rompiendo (y aquí las similitudes con el presente) toda vinculación con la Iglesia de Roma. Si bien la magnitud de la operación ahora emprendida justifica con creces la delegación legislativa, sin embargo, la articulación de concretos y efectivos controles parlamentarios en relación con la misma (por ahora ausentes) plantea interrogantes no desdeñables. De otra parte, la Ley de Retirada incide de lleno en el denominado proceso de Devolution, esto es, la transferencia y ejercicio de competencias por parte de las regiones autónomas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, no faltando tampoco voces contrarias a lo recogido en el proyecto. Así, el mismo dispone que las competencias ejercidas hasta el momento por Bruselas en materias objeto de “devolution” serán retenidas por el Estado central (por ejemplo, agricultura), con el fin evidente de mantener una regulación homogénea en todo el territorio nacional sobre cuestiones consideradas clave. En cualquier caso, se plantea la contradicción de lo referido con la denominada Sewel Convention (una vez más, se muestra la importancia de la convención o costumbre constitucional en el sistema de fuentes británico), esto es, aquella por la que Comunes y Lores no pueden legislar sobre materias objeto de transferencia (devolution) sin el consentimiento de los Parlamentos regionales afectados.

Henry de Bracton, uno de los más grandes juristas que haya dado Inglaterra, autor del Tratado sobre las leyes y costumbres de los ingleses, tenía por lema “non sub homine, sed sub deo et lege” (que hoy adorna la entrada de la Biblioteca de la Facultad de Derecho en Harvard). No cabe duda de que la salida de Reino Unido de la Unión es uno de los acontecimientos más relevantes de las últimas décadas, con repercusiones en las vidas de varias generaciones. La política ha hablado (más en concreto el 23 de junio de 2016), debiendo entrar el Derecho, llamado hoy, como en tiempos de Bracton, a dar respuesta a las demandas sociales y a encauzar los posibles conflictos. Sólo bajo la ley.

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