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TRIBUNA

O.J. Simpson, se ha escrito un juicio

lunes 18 de diciembre de 2017, 20:16h

Hace pocos días era noticia en los medios de comunicación mundiales la concesión de la libertad condicional a OJ Simpson, condenado en 2008 por robo con fuerza y secuestro. Simpson, antigua estrella de fútbol americano, protagonizó en 1995 el que bien puede considerarse como el juicio del siglo, siendo finalmente absuelto de los cargos de asesinato de su exmujer y de la entonces pareja de ésta. El proceso concitó la atención del país (se ha llegado a calcular que se produjo una pérdida de la productividad nacional por trabajador tasada en 40.000 millones de dólares) y aún hoy, gracias, entre otras, a una excelente serie de televisión y a los diversos documentales que se producen sobre el tema, atrae el interés de cuantos se acercan al mismo.

El juicio reveló numerosos aspectos de la sociedad y del sistema legal norteamericanos que hacen que sus análisis conduzca necesariamente más allá del caso concreto.

En primer término, a lo largo del proceso y de todo lo que le rodeó, hasta el punto de influir decisivamente en el veredicto, sobrevoló como un espectro la cuestión racial. Y es que el juicio de Simpson abrió los ojos de muchos comentaristas, especialmente extranjeros, mostrando a las claras que, pese a los innegables avances producidos en las tres décadas anteriores, la cuestión racial no había sido ni mucho menos resuelta, erigiéndose como un tema divisorio, como pocos, en un país que se había vanagloriado de ser un exitoso “melting pot”. Y ello, además, supuso el fin del sueño californiano, tierra promisoria a la que se había querido ver libre de los males del resto del país. Las escenas de brutalidad policial sobre el afroamericano Rodney King y la absolución por un jurado blanco cinco años antes, a las que siguieron disturbios como no se recordaban desde los 60, pesaron y mucho en el ánimo de los principales protagonistas del proceso.

Pero, sobre todo, el caso Simpson supone un precipitado paroxístico de los principales aspectos del sistema judicial estadounidense, por lo que su estudio para cualquier estudiante de Derecho no deja de ser recomendable.

El proceso destacó en especial por su “espectacularización”. De hecho, bien puede decirse que inauguró un nuevo tiempo: el de la realidad ficcionada, cuando la vida real se convierte en plató y el espectador se deshumaniza al identificar lo que sucede con lo que se ve (inversión por la que la realidad se “desrealiza” y, por tanto, se “destrascendaliza”, y la ficción se “trascendaliza”). Desde el primer momento, comenzando por el propio perfil de Simpson (algo así como una mezcla entre Iniesta y Ramos), hasta la persecución policial del mismo retransmitida en directo durante horas por las tres grandes cadenas de televisión, podía intuirse en lo que se convertiría el juicio. La decisión del juez de permitir las cámaras en la sala dio pie a la mayor superproducción de la historia, con momentos cumbres como la probatura fallida (cual Cenicienta macabra) de los guantes-pieza de convicción por el propio Simpson, a instancias de la Fiscalía. Al margen de la perspectiva desde el punto de vista de la comunicación audiovisual, lo cierto es que todo ello remitió y remite a la controvertida cuestión de la mediatización de los procesos judiciales y los juicios paralelos, polémica introducida a raíz del primer juicio-espectáculo de la era moderna, el celebrado en 1935 con ocasión del asesinato del hijo del célebre Charles Lindbergh. Si la justicia es administrada por el pueblo (especialmente en ordenamientos como el estadounidense con la institución del jurado) y en cualquier caso en nombre del pueblo, éste tiene en principio derecho a conocer lo que sucede en las salas de justicia; no obstante, también es cierto que verdad judicial y verdad mediática no coinciden en muchas ocasiones, siendo en todo caso distintos los mecanismos empleados en el discurso jurídico y en el popular a fin de averiguar la Verdad.

Otro rasgo del que suele acusarse al sistema judicial en general, y de manera más enfática al norteamericano, es la desigualdad de armas de las partes en el proceso, en particular, en los supuestos en que la parte demandada posee relevantes recursos económicos para costearse una buena defensa. En el caso Simpson éste “logró” reunir lo que se denominó como el “dream team” de la abogacía norteamericana: el mejor abogado de pleitos de California, Shapiro, con un amplio historial de acuerdos beneficiosos para los defendidos; el abogado de derechos civiles Cochran, quien realizó una brillante defensa en términos mediáticos, pero también jurídicos; el más famoso abogado de recursos (ante la Corte Suprema del país), el profesor de Harvard Alan Dershowitz (quien años antes consiguiera la milagrosa exculpación de Von Bülow, llevada al cine), además de una defensa especializada en las entonces incipientes pruebas de ADN y su invalidación por defectos en las muestras ante los tribunales. Si es cierto que los abogados saben sacar partido de todas las debilidades del sistema, en cualquier caso debe reconocerse que pocos países como Estados Unidos se toman tan en serio el valor sacrosanto del derecho de defensa, de suma importancia además en el control de los posibles abusos del poder público. En el caso Simpson los defensores, con todos los cuestionamientos que quepa hacerles, jugaron sus cartas y ganaron.

Frente a ello, la Acusación Pública, el Ministerio Fiscal, posee muchos menos recursos (ingentes en todo caso en su comparación con otros países, como el nuestro) y aparece “contaminada” por el hecho de que se trata de un cargo electivo y, lo que es más relevante aun, de haberse erigido como un trampolín para ambiciones políticas posteriores, con todo lo que conlleva. En relación con ello, a ojos de un observador patrio también llama la atención que el peso fundamental en la instrucción recaiga sobre la Fiscalía, órgano encargado de reunir las pruebas de la acusación. Esta no es sino una parte procesal más, sin privilegios procesales (a diferencia de lo que sucede en España), rodeada eso sí de poderes y potestades especiales en la investigación, pero en cualquier caso controlados por el juez. Este último asume una posición de garante del proceso como podemos observar en multitud de producciones en las que se pide a los abogados que se acerquen al estrado (en el caso Simpson fueron numerosas las horas de intercambios de pareceres de abogados y Fiscal en el despacho del juez Ito)

Y, sobre todo, el jurado. Si muchos países cuentan con esta institución, no cabe duda de que su plasmación estadounidense es aquella con la que se identifica la misma en el subconsciente colectivo de cualquier sociedad. No caben aquí medias tintas o posiciones hipócritas: o se cree (confía) en la institución o no se cree. No es admisible su crítica en algunos casos y en otros no, en función del veredicto (lo mismo valdría para los defensores del fallo por juez profesional). Precisamente, el caso Simpson es invocado con frecuencia por los detractores del sistema: un jurado compuesto de manera abrumadora por integrantes de la minoría afroamericana (de hecho, la jurisdicción natural, que era la de Santa Mónica, se llevó a Los Ángeles, cambiando radicalmente la composición del jurado) se habría dejado llevar por los prejuicios históricos ante la denuncias de comportamientos racistas en la policía de Los Ángeles, por mor de una hábil defensa que supo desviar la atención de la pruebas incriminatorias en un caso concreto (lo que posteriormente se ha denominado en algunos foros como “defensa Chewbacca”).

Ante todo ello, muchos podrán preguntarse si el sistema judicial estadounidense merece el calificativo de “justo”, máxime cuando cada cierto tiempo aparecen noticias sobre presos absueltos tras décadas en prisión o cuando se repasan las estadísticas en relación con la tipología de la población reclusa. Frente a ello podría argumentarse que se trata de un país con dimensiones continentales, de más de 300 millones de habitantes, y que errores judiciales se producen en todos los países, siendo el peaje, lamentable e inevitable, de una “actividad tan terrible entre los hombres”, como la definiera Montesquieu, como es la de juzgar a semejantes. No obstante los defectos innegables del sistema norteamericano (a lo que habría que añadir la previsión de la pena capital) el mismo presenta evidentes virtudes que sobresalen aún más en su comparación con lo que sucede en otras latitudes. Entre las mismas cabría destacar dos. De una parte, la celeridad con la que se administra justicia (Madoff fue condenado en seis meses y entre la detención y la absolución de Simpson transcurrió poco más de un año), dato este no baladí, pues la justicia lenta no es verdadera justicia (ello explica, entre otros motivos, el más bajo porcentaje de presos preventivos en relación con otros países). Por otro lado, se trata de un sistema que no se detiene una vez puesto en marcha, lo que se evidencia claramente en los procesos “políticos”. Cierto es que hay un exceso de “plea bargaining” (negociaciones de condenas), pero una vez activada la maquinaria policial y judicial esta no se detiene. Y, finalmente, no hay que olvidar que ese es el sistema deseado por la sociedad a la que sirve, aspecto éste que a veces parece olvidarse desde determinados análisis. Así, por ejemplo, la institución del jurado es considerada como un pilar en la organización constitucional, siendo establecida ya en la propia Constitución de Filadelfia de 1787.

El jurado del caso Simpson lo absolvió por observar dudas razonables en las pruebas presentadas por la acusación, a pesar de que había numerosos indicios de su autoría. Con todo, dos años más tarde los padres de una de las víctimas obtuvieron un fallo condenatorio (33 millones de dólares) en la jurisdicción civil (por otro jurado), comienzo de la espiral que conduciría a la ex-estrella deportiva a la cárcel. ¿Justicia “divina”? Justicia, en todo caso, humana, con eso hemos de conformarnos.

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