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TRIBUNA

"Tribunales" en el Capitolio

sábado 10 de febrero de 2018, 19:59h

Es bien sabido que la función principal realizada hoy en día por los Parlamentos es el control del gobierno. Difuminada su importancia en el proceso legislativo por mor del monopolio fáctico de la iniciativa gubernamental así como, en los sistemas parlamentarios, por la subordinación de la mayoría parlamentaria hacia un ejecutivo en el que se acantonan los líderes, el escrutinio de la acción del gobierno por parte de las Asambleas se configura como la principal competencia de las mismas. En el contexto comparado, si el Congreso estadounidense puede ser calificado como el Legislativo más poderoso del mundo, lo mismo puede decirse, si cabe con mayor énfasis, en relación con sus facultades de control (algo que podría parecer paradójico al insertarse en un sistema de separación de poderes en principio estricta como es el presidencialismo). Y dentro del control, destacan ante todo las facultades de investigación del Capitolio y el papel jugado allí por las comisiones encargadas de supervisar monográficamente un asunto de cara a depurar responsabilidades (investigaciones que pueden llevarse a cabo ya sea por comisiones especiales creadas al efecto o en el seno de las grandes comisiones permanentes).

Y ello a pesar de que tales competencias investigadoras no aparecían en el texto de la Constitución de Filadelfia de 1787. Con todo, pronto las Cámaras iban a entenderse legitimadas para investigar la labor desarrollada por el ejecutivo. Así, ya en 1792 la Cámara de Representantes decidió abrir una investigación como consecuencia de la derrota ante los indios de la expedición comandada por el general Arthur St. Clair, al considerar que el aprovisionamiento de aquélla había sido inadecuado. A lo largo del siglo XIX las Cámaras irán afirmando su poder de “requerir personas y papeles” (por vez primera de manera expresa en 1827) a través de Select Committees. Será en el último tercio del siglo y comienzos del siguiente cuando se produzca el despegue definitivo de la referida función, todo ello al hilo de los crecientes conflictos que van produciéndose con un ejecutivo que poco a poco va afirmando su primacía en el sistema político (así, en este período tienen lugar los primeros intentos presidenciales de introducir una agenda legislativa propia) al tiempo que nace lo que posteriormente se conocerá como presidencia imperial (Cleveland, Theodore Roosevelt, Wilson). El período inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial bien puede considerarse la época de “esplendor” de la investigación por las Cámaras, siendo estos los años en los que mayor notoriedad alcancen, definiéndose (para bien y para mal) muchas de las características que hoy reviste la institución.

Las comisiones de investigación (o las investigaciones por parte de las comisiones permanentes) son creadas por decisión del pleno de la Cámara en cuestión (también son posibles comisiones conjuntas Cámara Baja-Senado). El dato de que la mayoría en las mismas y el color político del ocupante del Despacho Oval puedan ser distintos (lo que ocurre de manera frecuente) constituye un factor explicativo de la importancia y desarrollo de la investigación parlamentaria en Estados Unidos en comparación con otros países. Con todo, no es el único factor a tener en cuenta, pues no faltan supuestos en los que siendo mayoritario en una Cámara el partido del Presidente se ha acordado por la misma una investigación (el papel y lugar ocupado por los parlamentarios individualmente considerados así como, en relación con ello, la débil disciplina de partido, al menos en términos comparativos, ayudan a explicar el fenómeno).

Ni que decir tiene que las comisiones de investigación no han sido contempladas, por lo general, con agrado desde la Casa Blanca, siendo frecuentes los conflictos entre uno y otro centro de poder. Así, ya Washington invocó el denominado privilegio ejecutivo con el fin de denegar determinada documentación a la citada Comisión St. Clair (finalmente accedió a que se examinara en las dependencias gubernamentales), un argumento que poco a poco las Cámaras restringirían en su eficacia, pero que de cuando en cuando resucita en la res publica americana.

El objeto abarcado por las comisiones de investigación es en la actualidad muy amplio. Incluida en cualquier caso la actividad del gobierno, en un inicio se planteó si la investigación parlamentaria también podía comprender la actividad de particulares o sujetos privados. Así, si en un primer momento, a raíz de una decisión de la Corte Suprema de 1881 (Kilbourn v. Thompson), dicha intervención quedó restringida a los casos en los que fuera necesario para redactar nueva legislación sobre una materia, posteriormente, como consecuencia de otros pronunciamientos del Alto Tribunal (McGrain v. Daugherty, de 1927, y Sinclair v. Estados Unidos de 1929), se asentó el entendimiento de que todo y todos podían ser objeto de investigación con tal de que la misma ayudara a entender los efectos de la legislación vigente.

De este modo, muy diversas han sido las materias sobre las que ha recaído la actividad investigadora de las Cámaras. En la mayoría de casos ha sido el control de posibles desmanes o abusos de poder del ejecutivo el propósito de las mismas, pudiéndose destacar al respecto la Comisión del Senado en relación con el denominado escándalo Teapot Dome que llevó a la primera pena de prisión contra un miembro del gobierno (el Secretario de Interior de la Administración Harding). También en este ámbito debe citarse ineludiblemente la Comisión Watergate constituida en el Senado, cuya investigación fue decisiva para la dimisión de Richard Nixon. Como es fácil suponer, estas y otras actuaciones (Irán-Contra, Whitewater, o Bengasi, que tuvieron como última diana a Reagan y a los dos Clinton, respectivamente) dieron lugar a acusaciones de que las investigaciones perseguían objetivos estrictamente partidistas.

Pero al margen del referido escrutinio del ejecutivo, cabe citar la importante función cumplida en relación con otros ámbitos. Así, ha sido especialmente relevante la labor de la investigación parlamentaria en relación con la dirección bélica. Si bien la Comisión creada en el Senado en plena guerra de Secesión dio lugar a reiteradas quejas de Lincoln por lo que suponía de intromisión en la adecuada conducción de la guerra (la Comisión llegó a recomendar el cese y nombramiento de determinados generales, entrometiéndose en cuestiones estrictamente militares, incluidas tácticas), posteriormente, las creadas con ocasión de otros conflictos, en particular la IIGM (presidida por el entonces senador Truman, cuyo buen hacer le “abrió” la posterior nominación como candidato a vicepresidente) y la guerra de Corea, coadyuvaron de manera importante a mejorar los aspectos organizativos del esfuerzo bélico. De otra parte, cabe subrayar que en numerosas ocasiones la investigación parlamentaria ha sido llevada a cabo para cumplir su función originaria: mejorar la legislación. Así, por ejemplo, cabe mencionar la investigación de los cárteles y monopolios a comienzos del siglo pasado (se llamó a comparecer, entre otros, a JP Morgan) o la centrada en la explotación laboral en determinados sectores (cuyas conclusiones sirvieron de base a buena parte de la legislación del New Deal rooseveltiano). Por otra parte, como muestra de la amplitud del ámbito comprendido por las comisiones de investigación, ha de recordarse la investigación senatorial llevada a cabo en los años cincuenta en relación con el crimen organizado, y que dio lugar a que desfilaran por la Cámara un amplio elenco de capos de la Cosa Nostra (entre ellos Meyer Lansky o Frank Costello). Finalmente, debe señalarse que las pesquisas realizadas por las Cámaras también han tenido como campo de actuación la propia conducta de sus miembros, no siendo pocos los escándalos denunciados e investigados internamente y que han dado lugar a la dimisión o, en su caso, a la expulsión de representantes y senadores.

Sin duda alguna una de las cuestiones más controvertidas en relación con las comisiones de investigación es la relativa a los poderes de las mismas. Así, afirmada su competencia de send for persons and papers, pueden emitir subpoenas o citaciones con consecuencias penales en caso de incomparecencia. En un primer momento fueron las propias Cámaras las que, ante la negativa a comparecer o a remitir documentación, decretaban y ejecutaban (con sus medios) las correspondientes penas de prisión (a través de la figura del contempt). A partir de finales del XIX en los supuestos señalados se opta por poner en conocimiento del Departamento de Justicia la violación referida (delito federal) a fin de que por el mismo se ejerzan las acciones judiciales pertinentes. El estatus de los comparecientes y testigos en los célebres hearings o audiencias ha sido objeto de polémica, por cuanto que hasta hace relativamente poco el desarrollo de las mismas se efectuaba sin las garantías oportunas. A este respecto, la Subcomisión de operaciones gubernamentales del Senado, presidida a comienzos de los cincuenta por el senador McCarthy, suscitó todo tipo de críticas por los duros métodos empleados. La situación fue remediada (si bien no de manera completa) por el Tribunal Supremo en 1957 (Watkins v. U.S.), al establecer que los comparecientes en las Comisiones gozan de plenitud de derechos constitucionales de manera igual que ante los Tribunales de Justicia.

Con todo, la controversia no ha desaparecido, centrándose desde hace unos años en la inmunidad que en numerosas ocasiones es decretada por las Comisiones del Congreso (en virtud de lo establecido en los artículos 6.000 a 6.005 del US Code). En este sentido, por mor de la misma se admite (o incluso se obliga a ello) la renuncia de un compareciente al ejercicio de la V Enmienda (derecho a no declararse culpable) y por tanto a no declarar, a cambio de que lo que afirme en sede parlamentaria no pueda ser utilizado en su contra en un posterior proceso judicial. Siendo con frecuencia loable el objetivo (facilitar la investigación de un asunto), sin embargo las consecuencias pueden ser indeseables como sucediera en el caso Iran-Contra, en el que el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia anuló la condena de los principales encausados (Oliver North al frente) por entender que las pruebas esgrimidas por la Fiscalía en el procedimiento judicial (incluidas declaraciones de otros testigos) se habían contaminado con lo que los procesados habían declarado previamente en su comparecencia en la comisión de investigación constituida al efecto (de ahí que la Fiscalía deba probar que no ha tenido conocimiento de lo manifestado en el hearing parlamentario, adoptándose medidas de “autoaislamiento” para ello, algo prácticamente inviable en el caso de testigos).

Para realizar sus funciones las comisiones de investigación cuentan con amplios medios, especialmente personales, llegándose en ocasiones a los 50 asesores, detectives incluidos. Destaca al respecto la figura del chief counsel o jefe de investigación debido a la relevancia de su papel. Así, por ejemplo, el ex fiscal Pecora se caracterizó en la década de los treinta por sus pormenorizadas pesquisas así como por su determinación en la llevanza de las investigaciones, empleando métodos heterodoxos (entre ellos, la presentación en mitad de la noche para “conducir” a testigos ante la Cámara). Las investigaciones sobre el terreno no han adolecido muchas veces de ciertas dosis de espectacularidad, como el descubrimiento por dos investigadores del Comité de actividades antinorteamericanas de la Cámara de Representantes de microfilms escondidos en el interior de una calabaza hallada en la propiedad del periodista Whitakker Chambers, pieza clave en la posterior incriminación por espionaje del funcionario del Departamento de Estado Alger Hiss.

En línea con lo apuntado, un aspecto a resaltar es la amplia mediatización de la labor de las Comisiones analizadas. La propia escenografía de los hearings, la ubicación de los distintos actores y las características de los mismos escenarios (grandes salas de mármol construidas a principios del siglo pasado) invitan a ello. La televisión entró por vez primera en los hearings en la denominada Comisión Kefauver, anteriormente mencionada (sobre crimen organizado), que tuvo además la particularidad de celebrar sesiones itinerantes en diversas localidades del país (con más de 600 testimonios). Uno de los momentos “estelares” fue la retransmisión de la comparecencia de Frank Costello, en la que, dada la negativa del italo-americano a que se reflejara su rostro, la Cámara se mantuvo fija en las manos del “padrino” más poderoso del momento. Las audiencias obtenidas hicieron que el interés de ciudadanos y partidos por las Select Committees fuera aún mayor.

En definitiva, si el Congreso estadounidense es hoy por hoy el parlamento que mejor controla al poder se debe en buena parte a la labor de las comisiones de investigación. Cierto es que las consideraciones partidistas y objetivos no siempre confesables han presidido su actividad (especialmente en determinados períodos) y que los métodos empleados no siempre han discurrido por los cauces de la ortodoxia jurídica. No obstante esas graves lacras, el abuso de poder ha encontrado en la investigación parlamentaria un formidable freno, ya sea de forma represiva o disuasoria. En la Avenida de Pennsylvania se es bien consciente de que, a escasa milla y media, 535 mujeres y hombres vigilan constantemente para que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo al que aludiera Lincoln en la inauguración del cementerio de Gettysburg se mantenga siempre vivo.

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    Últimos comentarios de los lectores (1)

    7478 | federico fernandez de buján - 23/02/2018 @ 11:13:44 (GMT+1)
    Excepcional. Brillante y claro en la forma y razonado y documentado en el fondo. Cuánto nos queda a todos por aprender!

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