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TRIBUNA

¿Eugenesia constitucional?

viernes 16 de marzo de 2018, 20:56h

Próximos a conmemorar los cuarenta años de vigencia de nuestra Norma Fundamental, desde determinadas tribunas (no solamente académicas), en todo caso minoritarias, se insiste en ensombrecer el logro alcanzado en 1978, al señalar que el proceso constituyente hispano fue en realidad un proceso vigilado, o al menos no enteramente “libre”, controlado por diversas ataduras respecto al inmediato pasado. Cierto es que, como ya pusieran de relieve en su día diversos académicos, el proceso constituyente de 1978 no se ajustó de una manera estricta a los caracteres que la doctrina clásica ha venido predicando desde hace casi dos siglos del poder constituyente (originario). Así, si en términos de estricta ortodoxia el poder constituyente es absoluto y carece de límite alguno, en el proceso constituyente español no se partió de esa suerte de nada jurídica que rodea al poder constituyente “canónico”. El hecho de que, desde el punto de vista formal, aquél se articulara como una consecuencia de la última de las Leyes Fundamentales franquistas, la Ley para la Reforma Política de 1976, que abría la puerta a la “dinamitación” de las mismas, negaría esa especie de vacío jurídico que los autores clásicos identificaban en todo proceso constituyente. El genial hallazgo del tránsito “de la ley a la ley”, en fórmula de Torcuato Fernández Miranda, pese a no compadecerse con el arquetipo señalado, permitió en cambio una rápida puesta en común de lo que había de ser el futuro de un país tras cuarenta años de dictadura precedidos por una terrible contienda fratricida. Si la transición española ha quedado como un modelo pacífico y “revolucionario” de transformación radical de un sistema político y, por ende, de una sociedad, se debe en buena parte a ello. Se instaló una bomba desde dentro del sistema, y así, si formalmente no hubo un juramento en la Sala del Juego de la Pelota, el resultado, fue “plenamente constituyente”.

Adicionalmente, no está de más recordar que los textos constitucionales de países impecablemente democráticos, incluso con más pedigrí en principio que el nuestro, fueron aprobados en circunstancias mucho más singulares que las que rodearon a la Carta Magna de 1978. Si, como se ha indicado, determinados rasgos del poder constituyente originario aparecieron difuminados en el caso español, en otros Estados dichos caracteres aparecieron más difuminados aun, e incluso, en no pocos casos, completamente opacados. En este sentido, baste recordar tres ejemplos concretos.

Cabe citar en primer lugar la Ley Fundamental de Bonn de 1949, actual Constitución alemana. La denominación formal del texto no es la de Constitución y ello porque en la fecha de su aprobación Alemania no era un país auténticamente soberano y, sobre todo, por cuanto que no incluía a lo que se consideraba como la totalidad del pueblo alemán, dado que millones de alemanes del Este no formaban jurídicamente parte del mismo. Constada la diferente dirección (cuando no opuesta) que iban a seguir la zona ocupada por los soviéticos y la “gestionada” por EEUU, Reino Unido y Francia, en la Conferencia a 6 de Londres, de principios de julio de 1948, en la que participaron estos tres últimos países y los tres Estados vecinos de la zona occidental (Benelux), se decidió que la denominada Trizona había de contar con una Constitución. Fruto de dicha conferencia fueron los denominados papeles de Frankfurt, auténtico diktat de las potencias vencedoras respecto a los puntos esenciales que habían de contenerse obligatoriamente en la Constitución, principalmente, el respeto a los derechos fundamentales y el carácter federal del Estado, con un amplio elenco de competencias reservadas a los Länder. Dichas líneas fueron entregadas a los ministros-presidentes de los Länder en la conferencia convocada por las autoridades de ocupación en la mencionada ciudad del Meno (de ahí su denominación). A raíz de ahí se reunió una convención con personalidades designadas por los ejecutivos de los Estados de la futura Federación que redactarían un anteproyecto, posteriormente tramitado en un consejo parlamentario compuesto de 65 personas elegidas por los parlamentos de los Länder. La asamblea, reunida en el museo Koenig de la ciudad de Bonn, aprobó el proyecto de Constitución, que fue sometido a la validación-aprobación de los poderes de ocupación el 12 de mayo. De acuerdo con lo establecido en los papeles de Frankfurt, se sometió el proyecto a ratificación de los Parlamentos de los Länder. Solo el bávaro lo rechazó, aunque acatando su vigencia en el Land al haberse acordado que bastaría la ratificación por 2/3 partes de los Estados. Finalmente, el texto fue firmado y promulgado en una solemne sesión del Consejo Parlamentario el 23 de mayo. El mismo no recibió el nombre de Constitución (tampoco se “habló” de Asamblea Constituyente) por empeño de los Länder, al considerar que su ámbito territorial de aplicación no era, ni mucho menos, definitivo, teniendo en mente una reunificación que aun habría de tardar cuarenta años. También, habría que añadir, en cuanto el teórico titular del poder constituyente, el pueblo alemán, no era en dicho momento plenamente soberano (no lo sería hasta 1955 cuando formalmente la entonces RFA dejó de ser un país ocupado).

El caso de la actual Constitución japonesa (1946-7) es aún más singular que el alemán, debido a que la intervención de la potencia ocupante en la redacción de la misma fue mucho más “intensa”. La particularidad del espíritu histórico japonés y el hecho de carecer de antecedentes de gobiernos democráticos (a pesar de que la Declaración de Postdam de julio de 1945 al enumerar sus objetivos se refiriera un tanto eufemísticamente a “reforzar las tendencias democráticas de la población japonesa”) explican que la labor de reconstrucción política en dicho país de Extremo Oriente fuera a priori más complicada que en las otras naciones del antiguo Eje. La inteligencia y el tacto del general MacArthur, al mando, como es sabido, de las fuerzas de ocupación en Japón, fue, sin duda alguna, decisiva. Planteada desde el punto de vista formal como una revisión de la Constitución Meiji de 1868, el trabajo fue encomendado en un principio a una comisión académica japonesa (Comisión Matsumoto). Cuando MacArthur conoció el borrador juzgó la reforma muy poco ambiciosa, al continuar muchas de las líneas maestras del “viejo texto”. Hombre sumamente determinado, el general encargó a 20 oficiales estadounidenses (a los que se uniría una mujer) la redacción de un nuevo borrador (ya anteproyecto), dándoles un plazo de una semana para terminar la obra. El texto fue presentado a las autoridades japonesas en febrero de 1946, siendo publicado por el gobierno un mes más tarde como una obra propia (con todo, por insistencia nipona, se incluyó, frente a la idea original, un Parlamento bicameral). A continuación tuvieron lugar elecciones generales (en las que por vez primera votaron las mujeres), siendo tramitado y aprobado por las Cámaras electas el texto constitucional, promulgado el 3 de noviembre de 1946 y en vigor desde el 3 de mayo de 1947. Hasta finales de ese año estuvo sujeta a censura previa cualquier información que hiciera público el papel de los ocupantes en la redacción de la Constitución.

Más llamativo es aún el proceso de aprobación de la Constitución francesa de 1958, inauguradora de la actual V República, al tratarse Francia de una país de impecables credenciales democráticas, y gestarse aquélla en un contexto autoritario o, cuando menos, de inusitada concentración del poder. La “feneciente” IV República, con 25 gobiernos en 12 años, se encontraba en una situación de pavoroso marasmo, acrecentada por la crisis argelina. El 13 de mayo el general Massu da un auténtico golpe de Estado que en unos días amenazará con extenderse a la metrópoli, llegándose incluso a la toma de Córcega por fuerzas aerotransportadas. Al borde de la guerra civil, el Presidente de la República llama al único hombre que puede salvar la República: el viejo, y retirado cual Cincinato contemporáneo, general De Gaulle, a quien se encomienda restablecer el orden y preparar una nueva Constitución. Éste exige sus condiciones: ha de poder gobernar entretanto sin prácticamente ningún límite, con el fin de poder realizar su cometido alejado de los vaivenes de la lucha partidista cotidiana. No sin tensiones previas, el Parlamento le otorga su confianza el 1 de junio, formando un gobierno con presencia de todas las fuerzas políticas. Dos días más tarde, ambas Cámaras aprueban una ley constitucional por la que se conceden plenos poderes al Presidente del Consejo investido dos días antes, con sólo dos límites: un plazo temporal máximo de seis meses y una serie de principios que en todo caso ha de respetar el proyecto constitucional a elaborar: sufragio universal, separación estricta entre ejecutivo y legislativo, responsabilidad política, justicia independiente, y sometimiento del propio proyecto a referéndum.

Formalmente, la ley constitucional se articula como una derogación-reforma del artículo 90 de la Constitución de 1946, tratándose de una voladura controlada intrasistema para alumbrar uno nuevo (a lo que recordaría, salvando las distancias, años más tarde nuestra Ley para la Reforma de 1976). Nos encontramos ante una auténtica dictadora comisoria, al estilo de la estatuida en la Roma republicana entre los siglos V y II a.C. (antes de degenerar en la dictadura autocrática del siglo I a.C. y siguientes). Constituido en primer término un comité informal, el 15 de julio retoman sus trabajos un comité de expertos funcionariales y otro interministerial, capitaneados por el propio De Gaulle y su ministro de justicia Michel Debré, padres fundadores del nuevo régimen galo. Terminada su labor, el borrador se somete a un comité consultivo del Parlamento, cuyas aportaciones son parcialmente aceptadas, al igual que las observaciones del Consejo de Estado. Finalmente, entre el 28 y el 30 de septiembre los franceses aprueban en referéndum el nuevo texto constitucional, con una mayoría de casi el 80% de los votos emitidos. El 4 de octubre de 1958 sería promulgada la última de las Constituciones francesas.

En definitiva, bien puede hablarse de orígenes espurios de las normas rectoras de la convivencia de tres de los Estados más importantes del planeta, referentes democráticos en los últimos sesenta años (similares consideraciones, siquiera más atenuadas, pueden hacerse respecto a otros textos constitucionales democráticos hoy en vigor). Orígenes cuestionables cuanto menos, sea por la no participación del pueblo, titular último de toda soberanía, por la imposición de su contenido por potencias extranjeras, o por alumbrarse en un contexto semiautoritario (en cualquier caso, en dos de ellas se observan tintes personalistas en su proceso de creación, pudiendo hablarse de dos Solones, cada uno con un papel distinto, en referencia a MacArthur y a De Gaulle). Las circunstancias imperantes, absolutamente excepcionales, así lo demandaba. El resultado, fue a todas luces feliz, algo especialmente valorable en los casos alemán y nipón dados los desalentadores puntos de partida. En el caso francés, incluso un autor tan clarividente como Loewenstein ponía en duda que el nuevo régimen, al ser producto de la personalidad de De Gaulle, pudiera sobrevivir al general. En todos los ejemplos referidos el acierto en la conformación de su contenido fue su mejor seguro de vida, lo que no ha impedido que con posterioridad dichas Normas Fundamentales hayan sufrido distintas reformas, ya en condiciones de normalidad.

Así, pues, los pretendidos peajes a las circunstancias del momento en el caso español, de existir, fueron mucho menores que en otros países irrefutablemente democráticos. Toda Constitución supone cesión, y, al igual que ocurre en negocios como la compraventa, la operación puede considerarse satisfactoria si, una vez perfeccionada, las partes en juego regresan a casa no convencidas plenamente. Pero si la Constitución española de 1978 ha quedado para siempre como una referencia para el resto del mundo, por más que ello pueda sorprender hoy en día a la desmemoria colectiva patria, es precisamente porque fue un paso más allá, ya que todos cedieron, pero a la vez todos estuvieron satisfechos con el resultado. Por vez primera en la Historia el proyecto era verdaderamente colectivo, todos soñaban con el futuro inaugurado, ya no habría pesadillas del pasado. Con sus defectos, con sus innegables sombras, lo que vino después cambió irremediablemente la faz del país. Cloto, la Moira que teje el destino de personas y naciones, cambió, sin necesidad de cortarlo, el hilo con el que se había tejido nuestra historia reciente, un nuevo hilo, mucho más robusto que el anterior, que todos contribuimos a hacer.

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