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TRIBUNA

Francia, vientos de reforma

martes 24 de abril de 2018, 20:14h

Hace breves fechas el primer ministro francés, Édouard Philippe, anunciaba las líneas maestras de la reforma constitucional impulsada por el Presidente de la República, revisión que pretende formalizarse en los próximos meses.

Sintéticamente, el proyecto anunciado se articula en torno a los siguientes ejes: a) Reducción del número de diputados y senadores, en un porcentaje todavía por determinar, pero que se especula que se encontraría en alrededor de 200 diputados en la Asamblea Nacional y unos 100 en el Senado; b) Fijación de un límite en relación con el número de mandatos consecutivos posibles: máximo de tres para diputados, senadores y cargos locales (exceptuados los de municipios de pequeña población); c) Introducción del sistema de elección proporcional para la elección de un porcentaje (entre el 10 y el 25%, aún por determinar) de los miembros de la Asamblea Nacional (actualmente elegidos en su totalidad por un sistema mayoritario a dos vueltas); d) Creación de nuevos procedimientos legislativos más céleres para la tramitación de determinadas cuestiones; e) Limitación del derecho de enmienda de los parlamentarios, estableciéndose un cupo máximo en función del número de integrantes de cada grupo parlamentario, y restricción de la posibilidad de introducir nuevas enmiendas en el debate plenario final; f) Articulación de nuevas posibilidades para el control del ejecutivo; g) Supresión de la denominada Corte de Justicia de la República, creada en 1993 para el enjuiciamiento de los ministros (a raíz del escándalo de la sangre contaminada); h) Reforma del Consejo Superior de la Magistratura, con el fin de aumentar las competencias de dicho órgano y reforzar la independencia de jueces y magistrados frente al ejecutivo; i) Eliminación de la integración como miembros natos del Consejo Constitucional de los expresidentes de la República; j) Incremento de las competencias de las colectividades territoriales; k) Reconocimiento expreso en el texto constitucional del “carácter específico” de Córcega, pero sin que ello conlleve un estatuto jurídico diferenciado; y l) Finalmente, otras medidas relacionadas con objetivos de política general, entre las que figurará la lucha contra el cambio climático, o la introducción de nuevos deberes ciudadanos, como el denominado servicio nacional universal.

Así, pues, una reforma que bien puede calificarse de sumamente ambiciosa, en línea con el ímpetu demostrado por el Presidente Macron desde su ascenso al Elíseo hace ya casi un año. Con todo, la propuesta no supone la inauguración (ni siquiera el estar a las puertas) de la VI República, no quebrando el diseño realizado hace ahora sesenta años por el general De Gaulle. Es más, en ciertos aspectos, frente a lo que sucediera con la última de las grandes modificaciones del texto constitucional galo, la realizada en 2008 bajo la presidencia de Sarkozy, que pretendió parlamentarizar el sistema político francés (mediante la supresión de determinadas prerrogativas del ejecutivo en el desarrollo del procedimiento parlamentario), el proyecto ahora presentado no hace sino reforzar la impronta presidencialista dejada por De Gaulle en la Carta Magna de 1858, especialmente tras su reforma de 1962.

En el sentido indicado, si bien en el “Plan Macron” se hallan medidas que potencian la labor parlamentaria en determinados aspectos, en particular, por lo que respecta a la articulación de nuevos procedimientos de control al gobierno (en especial, en lo relativo a la ejecución del presupuesto), sobre el proyecto sobrevuela una cierta desconfianza hacia la clase política tradicional (no sorprendente, por otra parte, dado el origen y la clave de bóveda de la victoria electoral del dirigente francés), ejemplificada en el parlamento. Ahí encuentran explicación medidas como la importante reducción del número de diputados y senadores que se preconiza o la limitación en el número de mandatos, esto último algo excepcional en el derecho constitucional comparado y que de ver finalmente la luz supondría una auténtica revolución en el modo en el que se ha entendido y practicado durante décadas la actividad política. De hecho, los aspectos señalados se sitúan en la línea ya anunciada por la denominada Ley para la confianza en la vida política, aprobada el verano pasado por las Cámaras francesas, presidida por el objetivo del Elíseo de dar respuesta a los escándalos recientes relacionados con la contratación irregular (o cuando menos éticamente reprochable) por parte de insignes parlamentarios de allegados como asesores, financiada, por tanto, con fondos públicos.

Como envés de lo apuntado, la reforma tiene como efecto una mayor presidencialización del sistema galo, pues si bien sobre el papel no se incrementan las competencias del Jefe del Estado, sin embargo, la degradación del estatus y las facultades de los parlamentarios individualmente considerados logran el efecto referido. Revelador en este aspecto es la importante limitación que en relación con el derecho de enmienda se propone, auspiciado bajo el “noble” propósito de no dar pie a episodios de obstruccionismo parlamentario, pero que reducen aún más la labor de parlamentarios y Asamblea en la más clásica de las competencias de todo Parlamento, la potestad legislativa. Todo ello en un sistema como el francés, en el que el diámetro de la reserva de ley parlamentaria es seguramente el más reducido en el panorama comparado democrático.

Lo señalado hasta el momento explica que la propuesta divulgada haya sido acogida de modo ambivalente. Por una parte, a nivel de opinión pública o, mejor dicho, publicada, las valoraciones han sido por lo general positivas, identificándose con el afán regeneracionista del equipo que con fuertes bríos asumiera el poder en el país vecino en mayo del año pasado. Por el contrario, los partidos o grupos de la oposición se han levantado en pie de guerra contra los planes del ejecutivo. Así, las críticas más intensas se han dirigido hacia lo que se califica como recorte de las facultades parlamentarias, aunque soterradamente subyace el rechazo hacia una medida que vuelve a situar en el centro de la diana a la clase política tradicional como principal culpable de los males del sistema. Ello se hace más evidente en el caso de un Senado, cuyo papel se atenúa con la reforma, dominado aún por los herederos de la antigua UMP, quienes ya han esbozado las líneas rojas infranqueables frente a los cambios propuestos.

Ante ello cobra especial relevancia el procedimiento a seguir para la plasmación final de las reformas anunciadas, en particular, por lo que se refiere a aquellas que exigen la modificación del texto constitucional, por cuanto que otras que podrían aprobarse mediante leyes o leyes orgánicas, podrían ver la luz en breve plazo dado la amplia mayoría del partido de Macron (nunca mejor dicho) en la Asamblea Nacional (no respecto de aquellas leyes que afecten al Senado ya que, en este caso no existe un predominio legislativo de la Cámara Baja sobre la Alta). Respecto a aquellas novedades que exigen la modificación de la Constitución, el centro del debate gira en la actualidad en torno al concreto procedimiento a emplear, y, en particular, a la pugna ya abierta entre el Senado (y la mayoría republicana allí presente) y los deseos presidenciales. Cabe recordar que el texto constitucional prevé en el art. 89 como cauce ordinario para la reforma la aprobación de la misma por Asamblea y Senado, seguida de la aprobación por tres quintas partes del Congreso (ambas Cámaras reunidas en conjuntamente); este último trámite puede ser sustituido por referéndum convocado a instancias del Presidente de la República. La controversia no se sitúa tanto en la alternativa acabada de exponer, sino en la posible utilización por parte de Macron del precedente establecido en 1962 (también, aunque en este caso sin éxito en el resultado, en 1969) por De Gaulle quien aprobó directamente tras el oportuno referéndum, y sin trámite parlamentario, la reforma de la Constitución haciendo uso de la facultad presidencial establecida en el art. 11 de aquélla por la que el jefe del Estado puede someter al pueblo la adopción de leyes que afecten al funcionamiento de las instituciones. La utilización de dicho artículo ya suscitó en sus días fuertes críticas, por estimarse dicha vía por completo inapropiada, ya que estaría “pensada” únicamente para las leyes ordinarias u orgánicas y no para reformas constitucionales. De momento no deja de ser un as guardado en la manga del nuevo enfant terrible de la política francesa y será el resultado de las tensas negociaciones a emprender en los próximos meses el que despeje, en su caso, la incógnita.

En definitiva, si el proyecto de reforma, tal y como se señalara al comienzo de estas líneas, no rompe formalmente con la V República, es más, refuerza determinadas líneas establecidas en la misma (pudiendo hablarse de hiperliderazgo del Jefe del Estado), es innegable que algo nuevo ha llegado a la política francesa (ya veremos si para quedarse), inaugurando una situación por completo novedosa, cuyas últimas consecuencias aún nos hallamos lejos de vislumbrar. En cualquier caso, cabe subrayar que si el sistema original de la V República (como de hecho ocurre con todas las Constituciones) estaba diseñado para una situación determinada, hoy ésta ha saltado por los aires. En este sentido, el mantenimiento de determinados aspectos de la Constitución de 1958 (y ello no juega necesariamente en pro de las reformas concretas propuestas por Macron) podría revelarse cuando menos como disfuncional en una situación en la que, por citar un dato no baladí, 313 de los 577 diputados de la Asamblea Nacional pertenecen al partido del Presidente. Un sistema presidencialista en un esquema de dominio absoluto del Parlamento por aquél es terra ignota y hace que pueda hablarse de un desequilibrio claro en favor del Elíseo por cambio de las circunstancias. El sistema de la V República se configuró para que funcionara eficazmente teniendo en cuenta una fotografía determinada de la realidad política del país. Cambiada radicalmente esta última, instituciones o mecanismos que han funcionado de forma positiva durante décadas pasan a ser ineficaces o, por el contrario, sumamente peligrosas por lo que suponen de facilitación para la concentración del poder. La República ha comenzado su marcha, habrá que ver cuál es el destino final.

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