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TRIBUNA

Atentado contra la libertad sexual

sábado 19 de mayo de 2018, 19:58h

No es lo mismo un robo que un hurto. No es lo mismo un homicidio que un asesinato. No es lo mismo un abuso que una agresión sexual. Estas son tan sólo algunas de las diferencias que establece el Código Penal en la calificación de distintos delitos. Pero, el Derecho no es una ciencia exacta, ni pura matemática. El Derecho tiene mucho de interpretación y de sensibilidades, y las calificaciones de los términos jurídicos no coinciden muchas veces de forma idéntica en la opinión de unos y otros; ni siquiera en las personas que se dedican a la profesión de la jurisdicción y de la aplicación de la Ley o el estudio del Derecho. Eso ha sido lo que ha ocurrido en la famosa sentencia de la “manada”; término, por cierto, con el que se autodenominaron los propios integrantes de dicho caso en su grupo de whatsapp. Efectivamente, el fallo de los magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra, que dictaminaron abuso sexual continuado, por entender que no hubo violencia ni intimidación por parte de los autores, no coincidió con la propuesta del Juez instructor ni de la Fiscalía que los demandaron por agresión sexual.

El Código Penal distingue, según la gravedad del delito cometido, distintos tipos, como sucede con el hurto o el robo; pero no resulta tan fácil la calificación de la acción penal, cuando el objeto del delito no recae sobre una cosa sino sobre la propia persona, como en el supuesto de un homicidio o asesinato, y como en el caso que aquí nos ocupa de la “manada”, sobre si resultó un abuso o una agresión sexual. Los vocablos, cuando se aplican como términos jurídicos relativos a los tipos del Código Penal, resultan mucho más sensibles que tan sólo cuando se refieren a meros términos gramaticales. La gente se ha echado a la calle para protestar por los términos de la sentencia referida a los actos delictivos de la “manada”, al entender que los magistrados no han acertado en el fallo, según la opinión general que sobre dicho caso ha ocurrido por un delito contra la libertad sexual. No comprenden muchos ciudadanos cómo tales hechos han sido calificados tan sólo como un abuso, pero no como una agresión sexual. No suena lo mismo ni tiene el mismo rigor, incluso para los legos en términos jurídicos, la palabra “abuso” que la palabra “agresión”. Pues, lo mismo que no podrían comprender que se tratara de un simple homicidio, en lugar de un asesinato, la muerte de una mujer realizada conjuntamente en grupo por cinco hombres, ante su indefensión manifiesta; igualmente cabría pensar del caso de una chica de dieciocho años que ha sido objeto de un atentado contra la libertad sexual con penetraciones repetidas por los individuos del grupo de la “manada”, según los hechos probados en la sentencia, a la que, tras introducirla en la entrada de un edificio a las tres de la noche, rodearla en grupo y desnudarla; y, una vez realizada la fechoría uno tras otro, salieron sus autores abandonándola a su suerte, después de quitarle el teléfono móvil para que no pudiera siquiera pedir auxilio. Son demasiadas circunstancias para calificar tal hecho tan sólo como un abuso sexual. Más todavía se ha exaltado la gente, al leer el voto particular de un miembro del Tribunal que ha juzgado dicho caso explicando que debieran ser absueltos los supuestos autores. En los mismos fundamentos de derecho de la sentencia se indica expresamente que “las relaciones de contenido sexual se tuvieron en un contexto subjetivo y objetivo de superioridad, configurado voluntariamente por los procesados, del que se prevalieron, de modo que las prácticas sexuales se realizaron sin la aquiescencia de la denunciante en el ejercicio de su libre voluntad autodeterminada, quien se vio así sometida a la actuación de aquellos.” Continúa diciendo la sentencia, al analizar las pruebas, que “este video ilustra en nuestra consideración bien a las claras la realidad de la situación, muestra de modo palmario que la denunciante está sometida a la voluntad de los procesados, quienes la utilizan como un mero objeto para satisfacer sobre ella sus instintos sexuales” y “estas imágenes evidencian que la denunciante estaba atemorizada y sometida de esta forma a la voluntad de los procesados”. En fin, tales hechos fueron incluso grabados en video por algunos de los autores procesados con sus móviles para luego remitir whatsapps a los compañeros jactándose de tal aventura sexual.

En mi libro “Derecho Penal. Parte especial”, explico con todo detalle las diferencias entre un delito de abuso sexual y uno de agresión sexual, conforme a la calificación de los artículos del Código Penal vigente, pero entiendo que, dadas las diferencias a veces inexplicables para la opinión general sobre la interpretación de cada tipo, como ha ocurrido en el caso de la manada, resultaría más apropiado –como ha dicho la catedrática de Derecho Penal y exVicepresidenta del Tribunal Constitucional, Adela Asúa, que el Código Penal se refiera a un único delito que se calificara genéricamente como “Atentado contra la libertad sexual”, contra cualquier acto sexual no consentido, distinguiendo luego las posibles y diferentes variantes de tipo con respecto a las circunstancias concurrentes. En tal caso, la calificación sería única (en lugar de distinguir, como actualmente, entre abuso o agresión sexual), pero las penas podrían agravarse según las circunstancias concurrentes, como la actuación en grupo, la prevalencia, etc. Actualmente, se ha dejado en situación de cierta indefensión a la víctima en supuestos en que el Código Penal considera tan sólo abusos sexuales, como dispone el artículo 181. 2 y 3, casos tan insólitos como los que así se tipifican: “Se consideran abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, así como los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. La misma pena se impondrá cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima.” Ante tales textos legales, no es raro que haya explotado la opinión pública, al considerar dichos supuestos tan sólo como abusos y no agresiones sexuales.

La culpa no la tienen normalmente en tales supuestos los jueces, pues estos están obligados a aplicar la ley tal como les viene dada por el poder legislativo que aprueba el texto legal (iura novit curia). Ya me dirán, queridos lectores, si el legislador actúa realmente conforme a derecho cuando tan sólo entiende que el tener acceso carnal con un disminuido psíquico con trastorno mental o una persona privada de sentido, sólo deba entenderse como un abuso y no una agresión sexual. ¿Quién comprende eso? ¿Es suficiente entender que, como no hay violencia ni intimidación manifiesta en tales supuestos, tampoco hay agresión sexual? ¿No sería más lógico aplicar el tipo máximo de delito sexual en los supuestos en que no hay consentimiento de la víctima por el simple hecho de que la persona agredida tiene un trastorno mental o está privada de sentido o en situación de shock o bloqueo psíquico emocional por miedo y opresión de angustia, precisamente porque el autor o autores ya no tienen necesidad de doblegar la voluntad de la víctima en tales situaciones de inferioridad?

De verdad que se hace necesaria la reforma del Código Penal de forma urgente en tales supuestos. De momento, el Ministerio de Justicia ya ha ordenado la formación de una Comisión para la reforma del Código Penal, pero lo triste de todo ello es que haya tenido que esperar a que el pueblo se levante ante tales injusticias que ya no aguanta por más tiempo; en especial, por las agresiones que diariamente sufren las mujeres en todos los ámbitos. Incluso, han tenido que denunciar que dicha comisión legislativa sólo estuviera en principio formada por hombres, para conseguir al final que también se integraran en la misma un grupo de mujeres expertas en Derecho para revisar tales textos legales impresentables. A ver, pues, si de una vez aciertan en la calificación de los delitos y las penas para casos tan graves como los que están ocurriendo en pleno siglo XXI.

Por último, la única esperanza que puedan tener quienes no están conformes con el fallo de la sentencia de la “manada”, por estimar que no se ha hecho la debida justicia a la víctima, es que todavía aquella no es firme hasta que se hayan pronunciado sobre los recursos que anunciaron interponer, tanto la Fiscalía como las partes acusadoras, en apelación ante las instancias superiores de Justicia.

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